Jurisprudencia sobre Investigación Privada

La Audiencia Provincial estimó las pretensiones de un divorciado que solicitó una modificación de las medidas establecidas en la sentencia de divorcio tras conocer que su exmujer, a la que había correspondido el disfrute de la vivienda familiar y la custodia de los hijos, convivía en la casa con su nueva pareja.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ratifica los argumentos y el pronunciamiento de la sentencia recurrida y desestima el recurso de casación. “La introducción de un tercero en la vivienda en manifiesta relación estable de pareja con la progenitora que se benefició del uso por habérsele asignado la custodia de los hijos, aspecto que se examina, cambia el estatus del domicilio familiar”, señala.

Estas situaciones, por desgracia, ocurren de forma habitual. Existen muchos gremios en los que predomina una naturalidad aterradora en declarar menos de los trabajos reales realizados. Las consecuencias de estos actos son diversas, pero para el caso que nos ocupa, supone claramente una modificación sustancial de las medidas, que en su momento determinaron una cuantía de la pensión y por lo tanto el derecho absoluto de su modificación.

Los empleados impugnaron una suspensión de empleo y sueldo de sesenta días impuesta por la empresa debido a un presunto fraude al recibir un plus de distancia. La empresa contrató a un detective privado, quien confirmó que los empleados no residían en la dirección alegada para obtener el plus, sino en otra ubicación.

A pesar de las alegaciones y recursos, el tribunal confirmó la sanción, basándose en la evidencia recabada por el detective privado y otros elementos como facturas que demostraban el domicilio real de los empleados.

La sentencia concluye que la conducta de los empleados constituye un fraude al intentar obtener un beneficio indebido, respaldando así la sanción y destacando la eficacia de contratar servicios de detectives.

La sentencia, emitida el 7 de febrero de 2022, favoreció al actor, ordenando la readmisión y el pago de salarios atrasados por parte de la empresa, junto con una indemnización de 6.000 euros por vulneración de derechos fundamentales. La nulidad se fundamentó en la violación del derecho a la intimidad del trabajador debido a la vigilancia médica sin evidencia de incumplimiento laboral.

La empresa apeló, argumentando la legitimidad de la vigilancia por parte de detectives privados, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó que era proporcional y necesaria, anulando la sentencia y ordenando un nuevo juicio considerando la validez de la prueba.

Presentaron pruebas aportadas por un detective privado, incluyendo grabaciones de conversaciones telefónicas, para respaldar su decisión.

El empleado recurrió la sentencia argumentando que se vulneraron normas y garantías del procedimiento, solicitando la nulidad de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio sin tener en cuenta ciertas pruebas, como las grabaciones de conversaciones telefónicas.

La Sala de lo Social del T.S.X. de Galicia desestimó el recurso de suplicación del empleado, argumentando que no se produjo indefensión y que las pruebas presentadas por la empresa eran válidas, incluyendo las del detective privado. Se rechazó la solicitud de nulidad de la sentencia.

El tribunal establece que el empleado grabó videos desde el interior del camión propiedad de la empresa, lo cual constituye una conducta negligente y puede causar perjuicio a la empresa.

El TSJ argumenta que las grabaciones carecen de sentido y utilidad, no tienen una finalidad digna de protección judicial y representan un peligro para la seguridad vial, ya que distraen la atención del trabajador de su tarea principal, poniendo en riesgo la vida de los demás usuarios de la carretera y la suya propia.

En conclusión, la sentencia destaca la gravedad de la conducta del trabajador, que compromete la seguridad vial y puede afectar negativamente a la empresa, justificando así la procedencia del despido disciplinario.

El demandante, representado por un abogado, sostiene que fue despedido de manera indebida debido a presuntas acciones desleales en su trabajo como electricista.

La empresa, representada por otro abogado, argumenta que el despido fue justificado por la falta de cumplimiento de sus obligaciones laborales, como la emisión de informes falsos y trabajar para otras compañías durante el horario laboral.

Se presenta como evidencia un informe elaborado por un investigador privado que respalda las acusaciones de la empresa. Este informe señala que el demandante no cumplía con sus tareas laborales y visitaba otras empresas durante su jornada de trabajo.

El juez concluye que las pruebas presentadas por la empresa, incluido el informe del investigador privado, demuestran una violación grave de las obligaciones contractuales del demandante. Por lo tanto, se declara la procedencia del despido, desestimando la demanda del empleado.

El caso surge de una demanda de filiación paterna interpuesta por la demandante, quien afirmaba ser hija biológica del demandado. Como prueba aportó un informe pericial biológico privado basado en muestras obtenidas por un detective privado.

El demandado se negó a someterse a la prueba de ADN oficial, argumentando que no existía relación sentimental con la madre de la demandante y cuestionando la validez del informe presentado.